Culiacán, Sinaloa(Paher Portal).- A partir de este sábado 15 de agosto entran en vigor las reformas que penalizan la quema de socas y esquilmos agrícolas e incrementa las sanciones a otros delitos ambientales, que deberán perseguirse de oficio.
Ayer viernes 14 de agosto, se publicó en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” el Decreto Número 470, expedido el pasado 2 de julio del presente año.
En el Decreto Número 470 se adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal y de la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable, ambas del Estado de Sinaloa. Estas reformas entran en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, lo cual se registró ayer.
El Pleno aprobó dictamen que deroga el Capítulo de Sanciones Penales de la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Sinaloa, cuyos delitos adiciona en el Código Penal, en una Sección y un Capítulo Único denominados, Delitos Contra el Medio Ambiente y Delitos Ambientales.
Durante la discusión, diputados y diputadas de diversos grupos parlamentarios afirmaron que la reforma en materia ambiental es de mucha trascendencia por detener la reproducción de conductas que atentan contra el medio ambiente, y ello beneficia a las generaciones actuales y futuras.
A quien dolosamente realice la quema de soca y esquilmos agrícolas, se impondrá una pena de uno a siete años de prisión y una multa de quinientas a tres mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
Las penas previstas en el párrafo anterior se aumentarán hasta una tercera parte más, cuando quien cometa el delito sea servidor público cuya obligación sea proteger el medio ambiente y que teniendo conocimiento de este ilícito, omita realizar las funciones propias de su encargo para prevenir, solucionar y sancionar al o los responsables.
El Congreso aprobó dictamen que elaboraron las Comisiones, de Puntos Constitucionales y Gobernación, Justicia y de Ecología y Desarrollo Sustentable, que presiden Horacio Lora Oliva, Alma Rosa Garzón Aguilar y Roxana Rubio Valdez, respectivamente.
Con esta adición incorporada al Código Penal, el bien jurídico que las diputadas y diputados buscan proteger, es la salud pública, los recursos naturales, la fauna, la flora, los ecosistemas y en general el ambiente.
Con Información de: (Cafenegroportal)