AP- Las autoridades de seguridad investigan una escalada de amenazas de muerte y de agresiones contra el gobernador de California, Gavin Newsom, su familia y las vinaterías, tiendas y otros negocios que él fundó.
Un mensaje de voz y mensajes de correo electrónico proporcionados al periódico Sacramento Bee contenían un fuerte lenguaje ofensivo sobre el demócrata, amenazas de violencia sexual contra su esposa y una referencia a sus hijos. El diario indicó que uno de los mensajes incluyó la amenaza de prender fuego a una de las vinaterías que son propiedad de PlumpJack Group, la compañía del sector hotelero que el mandatario estatal fundó en 1992, con clientes en su interior.
Brian Ferguson, un vocero de la Oficina de Servicios de Emergencia de Newsom, indicó que no podía responder preguntas específicas sobre las amenazas pero confirmó que las autoridades investigan el asunto.
“Podeos confirmar que estamos enterados sobre esas amenazas”, escribió Ferguson en un comunicado. “Toda amenaza contra un funcionario electo, incluyendo propiedades públicas o privadas, son tomadas con seriedad y revisadas detalladamente por las autoridades correspondientes del orden público municipales, estatales o federales”.
El gobernador de California es el blanco de un esfuerzo de destitución encabezado por enemigos políticos enojados por su enfoque agresivo ante la pandemia del coronavirus.
Gavin Newsom fue elogiado cuando emitió el primer confinamiento estatal de todo el país en la primavera de 2020. Sin embargo, se ha registrado un creciente malestar público por los posteriores mandatos sanitarios que llevaron al cierre de escuelas y negocios, y las investigaciones que continúan sobre un extenso escándalo de fraude en la ayuda económica por desempleo.
Rumores falsos se propagaron en línea que afirmaban que el mandatario de California había otorgado dinero de ayuda por coronavirus a sus propios negocios. De hecho, PlumpJack Group recibió un préstamo de unos 2.8 millones de dólares a través del Programa de Protección de Nóminas administrado por el gobierno federal, no por el estado