Investigan más de 7 mil casos de tortura

El 25 de agosto López Obrador publicó un acuerdo para gestionar la preliberación de presos víctimas de este delito, pero hay condiciones

Nacionales (Paher Portal).- La saña de los verdugos parece no saciarse ante la negativa de su víctima de poner fin a la crueldad. Dos acciones consumarían este sufrimiento: aceptar el “delito” y firmar la declaración. Golpes en la cara, el estómago y en todo el cuerpo. Sangre aquí y allá. Luego electrochoques en los genitales, amenazas de acciones en contra de la familia. Nada sirve. Lo siguiente es una bolsa en la cabeza hasta llevarla casi a la asfixia y desvanecer su cuerpo. Segundos después un chorro de agua para avivar el bulto y de nuevo más golpes.

Durante las siguientes horas se repite la misma tortura, pero la respuesta de la víctima es la misma: “No. Yo no lo hice. No voy a firmar”. Esta escena se monta en distintos lugares y fechas, pero los actos de brutalidad son similares y resumen las historias de Fanny Gabriela Noguez Galicia y Daniel Alejandro Ramos Flores, a quienes les fabricaron delitos que hasta ahora los tienen en la cárcel.

A ella por secuestro agravado en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, Ciudad de México, según la causa penal con número 705/2019 (inicial 213/2012) y a él, en el Centro Estatal de Reinserción Social 1 La Pila, en San Luis Potosí, por homicidio calificadorobo y asociación delictuosa, de acuerdo con el proceso judicial 52/2016.

La tortura se convirtió en una práctica habitual para obtener información y confesiones en el país. Retomando cifras de diferentes organizaciones nacionales e internacionales, el más reciente informe de la organización Human Rights Watch (HRW) sobre México destaca que las investigaciones de casos de tortura se dispararon de 13 en 2006 a más de siete mil en 2019.

“Investigaciones de casos de tortura por agentes del MP han aumentado en los últimos años a nivel federal como estatal, de apenas 13 investigaciones en 2006 a más de siete mil en 2019, según un informe de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos

En 2016, el Inegi realizó una encuesta a más de 64 mil personas encarceladas en 338 cárceles. Casi dos de cada tres (64 por ciento) reportaron algún tipo de violencia física al momento de la detención, como descargas eléctricas, estrangulamiento y asfixia. En su análisis sobre México de 2019, el Comité contra la Tortura de la ONU destacó que apenas ocho de tres mil 214 denuncias de torturas realizadas en 2016 dieron lugar a un proceso penal”, puntualiza el Informe Mundial 2021 de HRW

La tortura se aplica con mayor frecuencia en el plazo que transcurre entre la detención de las víctimas —a menudo arbitraria— hasta que éstas son puestas a disposición de agentes del Ministerio Público. Durante este periodo, las víctimas suelen ser incomunicadas en bases militares o en centros de detención ilegales, de acuerdo con el mismo documento.

En el tiempo que llevan de encierro, Fanny Gabriela y Daniel Alejandro han apelado a su defensa con pruebas para demostrar las arbitrariedades y opacidades de su detención, el proceso legal y la violación de sus derechos a través de la tortura. Han sido inútiles.

Con informacion de Andrés M. Estrada 

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