El proyecto para la interrupción legal del embarazo, propuesto por el presidente Alberto Fernández, obtuvo el voto a favor de 38 senadores, con otros 29 en contra y una abstención
“Después de tantos intentos y años de lucha que nos costaron sangre y vidas, hoy por fin hicimos historia. Hoy dejamos un lugar mejor para nuestros hijos y nuestras hijas”, expresó Sandra Luján, una psicóloga de 41 años que lloraba de emoción junto con miles de jóvenes de la marea verde que alzaban su pañuelo tras conocerse la legalización del aborto en Argentina por parte del Senado.
Poco después de las 4 de la madrugada y tras 12 horas de sesión parlamentaria, la voz de la expresidenta Cristina Fernández, actual vicepresidenta y titular del Senado, confirmaba la noticia: “Resulta aprobado con 38 votos afirmativos, 29 negativos y una abstención. Se convierte en ley y se gira al Poder Ejecutivo”.
La extensa votación en la madrugada fue acompañada por miles de militantes feministas que saltaron y lloraron de emoción a las afueras del Congreso. Además de las que estaban en la plaza, muchas otras salieron a sus balcones a festejar.
El Senado de Argentina aprobó este miércoles la legalización del aborto hasta la semana 14 de gestación, una decisión histórica que convierte al país en uno de los pocos países de América Latina en permitirlo.
Un camino largo, de años de luchas e intentos frustrados que ahora tiene final feliz tras la sanción en el Senado de un proyecto considerado “histórico” por los grupos feministas e “inconstitucional” por parte de los detractores.
El proyecto sancionado, que fue iniciativa del presidente Alberto Fernández -en el poder desde hace un año-, da la vuelta por completo a la legislación que rige desde 1921, cuando se aprobó el vigente Código Penal y por el que solo se puede acceder al aborto si corre peligro la vida de la madre o si el embarazo fue por una violación.
Cuando entre en vigor la nueva ley -hay 10 días hábiles para que sea promulgada y luego deberá ser reglamentada-, las mujeres podrán abortar voluntariamente, de forma segura, legal y gratuita, hasta la semana 14 de gestación, y más allá de ese plazo en las dos causales hasta ahora permitidas.
Siempre en un máximo de 10 días desde su requerimiento.
También se autoriza la objeción de conciencia de los sanitarios que no quieran participar del aborto, pero siempre que deriven a las pacientes a otros profesionales que sí lo hagan.
Más allá de la reivindicación del derecho de la mujer a decidir, uno de los principales problemas expuestos por el Gobierno y las organizaciones para exigir una ley era acabar con los abortos clandestinos y sus efectos a menudo mortales entre mujeres pobres que se someten a prácticas peligrosas por no poder ir a una clínica privada donde someterse a una intervención segura, aún de forma ilegal.
Según la organización Mujeres de la Matria Latinoamericana, unas 3,200 madres han fallecido por abortos clandestinos desde el retorno de la democracia en 1983, y solo en los últimos dos años y cuatro meses, desde que el Senado votó en contra del anterior proyecto, al menos 12.
“Ahora, las personas que decidan interrumpir su embarazo contarán con un servicio seguro y de calidad. Hoy crecimos como sociedad”, manifestó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Argentina.