Autoridades municipales aseguran que las multas derivan de incumplimientos al reglamento de construcción y no de la creación de nuevos impuestos; reiteran que las empresas pueden regularizar su situación.
Guamúchil, Sinaloa (Paher Portal).- El Ayuntamiento de Salvador Alvarado rechazó las acusaciones de presunta extorsión difundidas recientemente en contra de la administración municipal y aseguró que las sanciones aplicadas a empresas de telecomunicaciones obedecen exclusivamente al incumplimiento de los reglamentos municipales en materia de desarrollo urbano y ocupación de la vía pública.
En rueda de prensa, encabezada por el tesorero municipal, Daniel Parra, acompañado por el asesor jurídico del municipio, Pedro Molinero, y la subdirectora de Ecología y Desarrollo Urbano, Valeria Araujo, las autoridades explicaron que las multas se derivan de la instalación de infraestructura aérea sin la autorización correspondiente.
Daniel Parra señaló que el objetivo de la conferencia fue aclarar la información que ha circulado en diversos medios nacionales, donde se señala al Ayuntamiento de realizar actos de extorsión.
Por su parte, Valeria Araujo explicó que la Dirección de Desarrollo Urbano ha detectado diversas instalaciones de cableado aéreo colocadas sobre la vía pública sin los permisos requeridos, por lo que se han realizado inspecciones conforme a las facultades que otorga el reglamento municipal.
El asesor jurídico Pedro Molinero enfatizó que el municipio no está creando nuevos impuestos, sino aplicando sanciones contempladas desde hace años en el Reglamento de Construcción y en la Ley de Ordenamiento Territorial.
“No es un impuesto, es una sanción derivada de infracciones cometidas al reglamento de construcción y a la ley de ordenamiento territorial“, puntualizó.
Asimismo, explicó que toda empresa que instala infraestructura en la vía pública debe solicitar autorización previa al Ayuntamiento, procedimiento que, aseguró, algunas compañías sí realizaron inicialmente, pero posteriormente ampliaron sus redes sin tramitar nuevos permisos.
Respecto a las afectaciones que algunos usuarios han sufrido por la suspensión del servicio de internet tras el retiro de cableado, Molinero lamentó las molestias ocasionadas, aunque sostuvo que la autoridad está obligada a hacer cumplir la normatividad.
Indicó que antes de proceder al retiro de infraestructura se realiza un procedimiento administrativo que incluye inspección, identificación del propietario del cableado y un plazo de diez días hábiles para que las empresas presenten los permisos correspondientes o regularicen su situación.
Las autoridades informaron que actualmente son tres empresas las que enfrentan procedimientos administrativos, aunque evitaron revelar sus nombres debido a que existen procesos legales en curso.
Sobre los montos que algunas compañías han señalado públicamente como adeudos millonarios, precisaron que las cantidades pueden variar debido a la actualización de multas, recargos y gastos de ejecución fiscal, por lo que no confirmaron la cifra de mil 500 millones de pesos que ha circulado recientemente.
Finalmente, el Ayuntamiento reiteró que mantiene abiertas las puertas al diálogo con todas las empresas de telecomunicaciones para buscar mecanismos de regularización y convenios de pago cuando la legislación lo permita, insistiendo en que el objetivo no es afectar el servicio de internet de la población, sino garantizar el cumplimiento de la normatividad municipal y el uso ordenado de la vía pública.