Morena propone penas de hasta 30 años de prisión; PRI impulsa protocolos y programas de atención integral.
En medio del contexto de violencia que vive la entidad, diputadas y diputados de Morena y del PRI presentaron por separado iniciativas en el Congreso del Estado de Sinaloa para frenar el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos delictivos, mediante reformas al Código Penal y a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Por un lado, la diputada de Morena, Arely Berenice Ruiz López, propuso adicionar un Capítulo III Bis al Código Penal local para tipificar como delito el reclutamiento de personas menores de 18 años con fines delictivos.
La iniciativa contempla sanciones de 15 a 30 años de prisión y de 200 a mil días de multa a quien reclute, induzca, capte, invite, convenza o utilice a un menor para participar directa o indirectamente en la comisión de delitos. Las penas podrían incrementarse hasta en una mitad cuando el responsable sea familiar, tenga la custodia del menor, ejerza violencia o sea servidor público de instituciones de seguridad o justicia.
En la exposición de motivos se advierte que el reclutamiento infantil es una problemática creciente vinculada al clima de violencia en el estado. Se menciona que en 2025 aumentó el número de adolescentes internados en el Centro de Internamiento, así como los casos de homicidios de menores.
De acuerdo con la Unidad de Estudios Económicos y Financieros del Congreso, esta propuesta no generaría impacto presupuestal directo.
En una iniciativa distinta, los legisladores del PRI Bernardino Antelo Esper, Paola Iveth Gárate Valenzuela e Irma Guadalupe Moreno Ovalles plantearon reformar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado para reconocer expresamente el derecho de los menores a no ser reclutados ni utilizados por la delincuencia organizada.
La propuesta establece que autoridades estatales y municipales deberán implementar políticas públicas de prevención, rescate, rehabilitación, reintegración social y reparación del daño. Además, prevé la creación de protocolos especializados de detección temprana y atención psicológica a víctimas, en coordinación con el Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Educación Pública y Cultura y la Fiscalía General del Estado.
En este caso, el área técnica del Congreso advirtió que sí habría impacto presupuestal, ya que se requerirán recursos para el diseño e implementación de protocolos y programas específicos.
Las iniciativas surgen en el marco de la ola de violencia que se registra en Sinaloa, donde, según recuentos periodísticos, se han realizado diversas detenciones de personas armadas, incluyendo a más de 90 menores de edad. Entre los casos documentados destaca el testimonio de tres adolescentes originarios de Jalisco que declararon haber sido engañados y retenidos en un presunto campo de entrenamiento en la entidad.