Habitantes de San José de Gracia señalan presuntas irregularidades laborales, incumplimientos contractuales y posibles daños ambientales; exigen la intervención de las autoridades, pero aclaran que no buscan el cierre de las minas.
Trabajadores, ejidatarios y habitantes de la comunidad de San José de Gracia, ubicada en los límites de Sinaloa y Chihuahua, mantienen una protesta contra las operaciones de las minas San Pablo y Tres Amigos, al acusar a la empresa canadiense Dynaresource de presuntos incumplimientos laborales, ejidales y ambientales.
Los inconformes aseguran que el conflicto se intensificó tras un cambio de administración ocurrido hace aproximadamente seis meses, periodo en el que, afirman, disminuyó la contratación de mano de obra local y se agravaron las diferencias salariales entre los trabajadores de la comunidad y aquellos provenientes de otras regiones.
De acuerdo con los testimonios, anteriormente alrededor del 80 por ciento de la plantilla laboral era de la localidad, mientras que actualmente la proporción habría disminuido a menos del 70 por ciento.
Asimismo, señalaron que numerosos trabajadores de San José de Gracia reciben cerca de 4 mil pesos por quincena, mientras que empleados foráneos pueden percibir hasta tres veces más, además de contar con viáticos, hospedaje y alimentación. También denunciaron la falta de reparto de utilidades.
Ejidatarios exigen respeto a los acuerdos
Otro de los puntos centrales del conflicto es el contrato que, según los ejidatarios del Ejido Santa María, se encuentra vigente desde 2014 y que, aseguran, la empresa no estaría cumpliendo en los términos establecidos.
Uno de los integrantes del ejido cuestionó que una compañía extranjera pretenda imponer condiciones a los propietarios de las tierras y señaló que son alrededor de 300 ejidatarios los involucrados.
“¿Aquí tenemos que mandar nosotros, cómo va a mandar un extranjero? Somos 300 ejidatarios y que venga a mandarnos, pues no va. Es canadiense y no cumplen con nada”, expresó.
Los ejidatarios también manifestaron inconformidad con el pago que reciben por la renta de sus terrenos, el cual, según indicaron, ronda los 23 mil pesos por persona.
“23 mil pesos, es muy poco. Pedimos 100, pero el licenciado nomás volteó para atrás. Tiene que pagar lo que es justo. Además, no está cumpliendo con el contrato que tiene la empresa para operar”, agregó otro de los inconformes.
Por su parte, los trabajadores aclararon que su intención no es impedir definitivamente la actividad minera, sino exigir que las operaciones se desarrollen conforme a la legislación y a los compromisos adquiridos con la comunidad.
“No estamos en contra de que trabaje la mina, estamos en contra de que opere de manera irregular, incumpliendo el contrato”, sostuvo uno de los empleados.
Piden revisar permisos y concesiones
Entre sus demandas, los manifestantes solicitan que las autoridades competentes revisen los permisos ambientales, las autorizaciones relacionadas con el uso de explosivos y aguas nacionales, así como la situación legal de las concesiones mineras.
Los pobladores mencionaron antecedentes de posibles cancelaciones o bloqueos relacionados con las concesiones desde 2017, por lo que consideran necesario esclarecer el estatus de las autorizaciones que permiten operar a las minas.
Hasta que se revisen sus señalamientos, los inconformes insisten en que se garantice el cumplimiento de las disposiciones legales y de los acuerdos establecidos con los trabajadores y propietarios de las tierras.
Denuncian posibles afectaciones al agua
Las preocupaciones ambientales también forman parte de las exigencias de la comunidad. Mujeres de San José de Gracia señalaron que presuntamente la empresa estaría descargando agua residual o materiales que consideran tóxicos en un arroyo del que habitantes de la zona obtienen agua para consumo y actividades domésticas.
Sin embargo, estas acusaciones no han sido acreditadas mediante análisis independientes, por lo que las pobladoras solicitan que las autoridades ambientales realicen inspecciones y estudios que permitan determinar si existe contaminación y, en su caso, identificar sus posibles causas.
Además, denunciaron que anteriormente recibían agua potable procesada en una planta ubicada dentro de las instalaciones mineras, apoyo que, según su versión, fue suspendido tras el cambio de administración.
Las mujeres consideran que la revisión de la calidad del agua es indispensable para proteger la salud de las familias y garantizar condiciones adecuadas para la comunidad.
Gambusinos también denuncian restricciones
El conflicto se extiende a los gambusinos, habitantes que durante años se han dedicado de manera independiente a recolectar minerales de la rezaga generada por la actividad minera.
De acuerdo con los pobladores, recientemente elementos del Ejército Mexicano les impidieron continuar con esta práctica bajo el argumento de que se trataba de instrucciones de la empresa, situación que provocó mayor inconformidad.
Ante ello, los habitantes demandan que las autoridades esclarezcan las circunstancias de estas restricciones y determinen los alcances de las facultades de cada una de las partes involucradas.
San José de Gracia se encuentra en una región con importantes recursos minerales, principalmente oro, además de presencia de zinc y cobre, lo que ha convertido a la minería en una de las principales actividades económicas de la comunidad durante generaciones.
Los trabajadores y ejidatarios reiteraron que su protesta no busca terminar con esta actividad productiva, sino que las empresas operen bajo condiciones legales, respeten los derechos laborales, cumplan los contratos con los propietarios de las tierras y garanticen la protección del medio ambiente.
Los inconformes esperan que las autoridades correspondientes intervengan para revisar las denuncias y propiciar una solución que permita atender las demandas de la población y brindar certeza sobre las condiciones en que se desarrolla la actividad minera.
