La ley estadounidense prohíbe la permanencia de niños en sitios de detención por más de 72 horas.
WASHINGTON, D.C.- El Gobierno del presidente Donald Trump no tuvo en cuenta el impacto que tendría su política de “tolerancia cero” cuando separó de sus familiares a miles de niños migrantes y, a pesar de ello, presionó para aplicar esta dura medida, según un informe oficial publicado este jueves
El reporte de la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia, Michael Horowitz asegura que el Gobierno sabía las consecuencias negativas de su orden a los fiscales federales a lo largo de la frontera suroeste de Estados Unidos de que detuvieran a migrantes que cruzaran ilegalmente hacia el interior del país y los separaran de sus hijos.
“La decisión de procesar a los adultos que ingresaran ilegalmente como parte de una unidad familiar representó un cambio en la política del Departamento de Justicia (DOJ) y las prácticas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS)”, indicó el informe.
Históricamente, cuando las autoridades federales detenían adultos con niños tras el cruce de la frontera en la mayoría de los casos el DHS no refería los adultos para el procesamiento, y una de las razones era evitar la separación de la familia a la espera del enjuiciamiento de los adultos.
“Múltiples funcionarios del DOJ nos han dicho que Sessions entendió, en el momento en que se instruyó la aplicación estricta de la política de ‘tolerancia cero’, que ello resultaría en la separación de las familias”, dice el texto.
Entre abril y junio de 2018 eso resultó en que más de 3 mil menores de edad fueran separados de la familia ya que la ley estadounidense prohíbe la permanencia de niños en sitios de detención por más de 72 horas. Aún ahora hay más de 600 menores que permanecen separados de sus familias, y en muchos casos las madres y padres han sido deportados o han retornado a sus países sin medios para informarse del paradero de sus hijos.
Los migrantes menores de 18 años separados de sus familias fueron puestos bajo custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), y eventualmente serían transferidos a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados.
“En nuestras entrevistas (con funcionarios de DOJ) y la revisión de mensajes electrónicos y documentos no encontramos evidencias de que los jerarcas de DOJ hayan tenido conversaciones acerca de la política de tolerancia cero o la separación de las familias con HHS antes de que se anunciara la medida”, señala el informe.
“Encontramos que Sessions y otros funcionarios de alta jerarquía en DOJ no entendieron adecuadamente el proceso de separación de las familias resultante del procesamiento de los adultos, y tuvieron acerca del proceso expectativas incoherentes con las realidades de la frontera suroeste”, añade.
Citado en el texto, el consejero del titular del DOJ, Gene Hamilton, asevera que él pensaba que las familias serían reunificadas inmediatamente después de que los padres recibieran una sentencia de tiempo cumplido por una violación menor de ingreso ilegal.
“Era nuestro entendimiento que el procesamiento de los padres se realizaría en una tarde o en días, que los niños permanecerían en custodia del DHS y que entonces habría una reunificación con los niños. del DHS y que entonces habría una reunificación con los niños. Nunca nos imaginamos siquiera que el DHS perdería el rastro de los niños y su localización”, dijo Hamilton.
El reporte apuntó que en junio de 2018, “mientras continuaban las preocupaciones acerca de la separación de las familias, el presidente Trump, por decreto, ordenó temporalmente al DHS que mantuviera las unidades familiares durante el procesamiento por ingreso ilegal”. Ello resultó en que cientos de menores de edad permanecieran con sus familias en centros de detención donde, hace un año, el Gobierno retenía un promedio diario de 40.000 personas.
El inspector general concluyó que “los jerarcas de DOJ no hicieron preparativos efectivos para la aplicación de la política de tolerancia cero”.
La Unión de Libertades Civiles (ACLU) comentó que el informe “muestra cómo los funcionarios de más alta jerarquía no impidieron que los niños fueran arrancados de sus familias”.
“ACLU inició demandas judiciales exitosas para impedir la separación de las familias y lograr la reunión inmediata. Miles de familias fueron separadas, lo cual levantó un clamor mundial. Un gran número de familias permanecen separadas”, añadió la organización.
“La práctica bárbara de separar a las familias fue inmoral e ilegal. Este nuevo informe demuestra hasta qué punto el Gobierno de Trump estuvo dispuesto a destruir a estas familias. Cuando uno cree que el Gobierno de Trump no podría caer en algo más vil, lo hace”, sostuvo el abogado Lee Gelernt, de ACLU