Para evitar injusticias en contra de adultos mayores, la diputada federal, Bennelly Jocabeth Hernández propuso castigar con hasta seis años de prisión a quien las despoje de su patrimonio.
Hernández Ruedas argumentó que a pesar, que en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, se prevé la garantía de certeza jurídica y atención en el acto de testar bienes sin presiones ni violencia, se observa claramente “que no ha sido suficiente para proteger a los adultos mayores, debido a que no se señala castigo alguno”.
La legisladora también indicó que a nivel nacional es sumamente difícil obtener información sobre la incidencia de delitos contra la población mayor de 60 años, dado que las procuradurías y fiscalías no cuentan con un sistema estatal de registro, pues en algunos casos se debe a falta de infraestructura tecnológica, lo que permite que los delitos patrimoniales contra esta población no sean investigados.
Agregó que esto suma a las violencias que se ejercen en contra de las personas adultas mayores, debido a su condición de vulnerabilidad.
Puntualizó que en consecuencia, “los delitos patrimoniales contra las personas mayores, se ejecutan a través de la coacción, o de los vínculos de confianza o parentesco que unen a las personas responsables con las víctimas”.
La iniciativa señala que, de acuerdo a lo que el INEGI ha comunicado, en el “2022 residían en México 15.1 millones de personas de 60 años o más, es decir, el 12 por ciento de la población total”.
Dato que pone en dimensión la importancia del sector y su amplitud, comentó, por lo cual, advirtió que el despojo patrimonial no es el único abuso que se comete en su contra, “pero sí el más doloroso, porque es perpetrado por la familia, en la mayoría de los casos por los propios hijos”.
Bennelly Hernández manifestó que el despojo patrimonial para este sector de la población “debería ser castigado con mayor severidad, sobre todo, por tratarse de una violación a los derechos de las personas adultas mayores”.
Recordó que el 15 de junio de 2018 el Centro de Estudios de Trabajo Social en Gerontología, junto a organizaciones no gubernamentales y asociaciones civiles exigieron al gobierno federal firmar el Convenio Interamericano sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.
“Este mecanismo internacional implica garantizar a los 13 millones de personas mayores en México un marco legal más amplio, que les permita ejercer plenamente sus derechos”, informó.
Con Información de El Heraldo de México
