Pareja en California forzaba a mujer migrante y sus hijas a trabajos sin pago para no ser deportadas

Un matrimonio guatemalteco, naturalizado estadounidense, sometía a una mujer paisana y sus hijas a trabajos forzados sin paga luego de que venciera su permiso de estancia.

LOS ÁNGELES, California.- Dos esposos de origen guatemalteco, dueños de un restaurante y una empresa de limpieza en California, se declararon culpables de conspiración para someter a tres inmigrantes a trabajos forzados, informó el Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos.

Nery A. Martínez Vásquez, de 53 años, y su esposa Maura N. Martínez, de 53 años, ambos estadounidenses naturalizados, se declararon culpables de someter a trabajos forzados a una madre guatemalteca y dos hijas, indicó el DOJ.

Según el acuerdo de culpabilidad, la pareja, dueña del restaurante Latino’s y de una empresa de limpieza que prestaba servicios a varios negocios en la localidad de Shasta Lake, en el norte de California, conspiraron para traer a una mujer guatemalteca y sus dos hijas menores a Estados Unidos con visas temporales de visitante.

Tras expirar su permiso de estancia en Estados Unidos, las inmigrantes fueron obligadas a trabajar entre septiembre de 2016 y febrero de 2018 largas horas en el restaurante y el negocio por un pago mínimo o nulo.

Según el DOJ, los acusados impusieron una deuda a las víctimas para evitar que regresaran a Guatemala, las sometieron a abusos físicos, psicológicos y verbales, y separaron a la mujer de sus hijas, todo ello para obligarlas a trabajar.

La pareja también abusó del sistema legal al amenazar con llamar a las autoridades de inmigración y hacerlas arrestar por exceder sus visas si no cumplían con sus exigencias.

La pareja alojó a las víctimas en un remolque sin calefacción ni agua corriente, y las degradaron y humillaron frente a otros.

Los imputados, además, utilizaron la fuerza y amenazas para intimidar a las víctimas. Nery Martínez Vásquez incluso golpeó a las niñas con un palo.

La fiscal Kristen Clarke para División de Derechos Civiles del DOJ dijo en un comunicado el martes que “no hay lugar para una conducta tan cruel en la sociedad, y el Departamento de Justicia sigue comprometido con la erradicación de la trata de personas”.

El juez federal de distrito William B. Shubb dictará la sentencia el próximo 8 de noviembre. Los acusados enfrentan una pena máxima legal de 20 años de prisión y una multa de 250 mil dólares.

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