Ahome, Sinaloa, (Paher Portal).- Un grupo de custodias penitenciarias del Centro Penitenciario de Goros II manifestó este jueves su inconformidad por lo que señalaron como presuntos actos de hostigamiento laboral, abuso de autoridad y vulneración de sus derechos, principalmente relacionados con las comisiones que reciben para trabajar en otros centros penitenciarios del estado.
Las trabajadoras aseguraron que desde hace aproximadamente tres años algunas de ellas han sido enviadas de manera recurrente a penales ubicados fuera de Ahome, principalmente al Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán, sin que exista, según su versión, un esquema equitativo de rotación entre todo el personal.
La inconformidad aumentó luego de que la tarde del miércoles 12 de agosto recibieran nuevos oficios para trasladarse a Culiacán, pese a que, señalaron, varias de ellas ya han cumplido anteriormente con comisiones prolongadas en ese municipio.
De acuerdo con las custodias, los documentos establecen su incorporación al penal de Aguaruto, ubicado a aproximadamente 200 kilómetros de sus hogares, pero no especifican una fecha de regreso. También denunciaron que las comisiones se realizan sin viáticos, transporte ni hospedaje.
Las trabajadoras aclararon que no se niegan a cumplir con sus funciones ni a prestar servicio en otros centros penitenciarios, pero consideran injusto que las comisiones recaigan constantemente sobre las mismas personas.
Una de las custodias explicó que existen trabajadores con más de 15 años de servicio que, según su testimonio, nunca han sido enviados a otros penales, mientras que algunas de sus compañeras han sido comisionadas en varias ocasiones.
Denuncian afectaciones económicas y familiares
Las inconformes señalaron que la falta de viáticos representa un problema económico, ya que deben cubrir por cuenta propia gastos de alimentación, traslado y hospedaje durante su permanencia fuera de Ahome.
Indicaron que algunas trabajadoras incluso han tenido que recurrir a préstamos bancarios o de financieras para solventar estos gastos, mientras que los descuentos correspondientes posteriormente se reflejan en sus nóminas.
También expusieron afectaciones relacionadas con sus familias, debido a que varias de las trabajadoras son madres y deben separarse de sus hijos durante periodos que, aseguran, pueden extenderse por semanas o meses.
Como ejemplo, una de las custodias relató que durante 2025 fue enviada en dos ocasiones a Culiacán y que en una de esas comisiones permaneció cerca de dos meses, pese a que inicialmente se le había informado que sería por aproximadamente un mes.
Otra trabajadora, identificada como Jesús Selene, habría regresado de una comisión de un mes en Culiacán y, después de trabajar solamente tres turnos, fue enviada nuevamente, esta vez a Mazatlán por un periodo de seis meses, según su testimonio.
Las custodias también denunciaron el caso de una compañera que tenía vacaciones previamente autorizadas del 12 de agosto al 11 de septiembre, pero que posteriormente fue requerida para cubrir una comisión en Culiacán.
Temen por su seguridad tras asesinato de una compañera
Uno de los principales motivos de preocupación entre las trabajadoras es la seguridad, especialmente después del asesinato de María de los Ángeles Ruiz Salazar, custodia penitenciaria originaria del ejido El Macapule, en Ahome, quien fue privada de la libertad y posteriormente localizada sin vida en Culiacán.
Las manifestantes cuestionaron que, pese a este antecedente, nuevamente sean principalmente mujeres las que estén siendo enviadas a la capital sinaloense.
“Siempre somos las mismas”, señalaron las trabajadoras, quienes pidieron que las autoridades implementen un sistema de rotación que permita distribuir las comisiones entre todo el personal.
Las custodias también expresaron preocupación por el hecho de que algunas de sus compañeras hayan regresado recientemente de Culiacán después de permanecer varios meses sin viáticos y nuevamente estén siendo requeridas para trasladarse a ese municipio.
Señalan falta de respuesta de sus superiores
Las trabajadoras señalaron al jefe de custodios, Óscar Chávez Patilla, y aseguraron que la respuesta recibida ante sus inconformidades ha sido que los oficios ya fueron elaborados y que no pueden modificarse.
Según las manifestantes, también han solicitado cambios en los nombres del personal comisionado y correcciones en algunos documentos, sin obtener una respuesta favorable.
Las custodias consideran especialmente preocupante que algunos oficios no establezcan una fecha de regreso, pues esto, dijeron, genera incertidumbre sobre cuánto tiempo deberán permanecer fuera de sus hogares.
Piden intervención de autoridades
Las trabajadoras hicieron un llamado al director de Prevención y Reinserción Social y a la gobernadora de Sinaloa para que revisen las condiciones en que se están asignando las comisiones y atiendan sus demandas.
Insistieron en que su petición no consiste en dejar de trabajar en otros centros penitenciarios, sino en que exista una distribución equitativa de las comisiones, además del pago correspondiente de viáticos y el respeto a las vacaciones previamente autorizadas.
Durante la manifestación también acudieron familiares de las custodias. Selena Araus, madre de una de las trabajadoras, expresó entre lágrimas su preocupación por la seguridad de su hija, quien es madre de cuatro hijos.
La mujer señaló que la familia ha tenido que apoyarla económicamente para cubrir gastos durante sus comisiones y manifestó su temor de que pueda ocurrirle algo mientras permanece en Culiacán.
También recurren a instancias de derechos humanos
Las inconformes informaron que policías penitenciarios afectados por estas situaciones ya promovieron un recurso de amparo, al considerar que existen posibles actos de abuso de autoridad, hostigamiento laboral y vulneraciones a sus derechos humanos y laborales.
Asimismo, solicitaron la intervención de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa y de organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres.
Las custodias reiteraron que buscan ser escuchadas por las autoridades y que las comisiones sean distribuidas de manera justa entre el personal, con condiciones que les permitan cumplir con su trabajo sin poner en riesgo su seguridad ni afectar de manera desproporcionada su economía y vida familiar.