Para enfrentar la violencia en contra de las mujeres es obligado cambiar de paradigmas, ya hay muchas herramientas nuevas que permiten hacer a un lado “los machotes” o procedimientos acartonados y elaborar un “traje a la medida” de cada víctima.
En ello coincidieron las ponentes en el Foro de Análisis sobre Mejores Prácticas Judiciales para Juzgar la Violencia de Género en el Ámbito Familiar que organizaron el Congreso del Estado de Sinaloa y gobierno estatal a través de la Secretaría de las Mujeres y que fue presidido por el presidente de la Junta de Coordinación Política, Feliciano Castro Meléndrez, y el Gobernador Rubén Rocha Moya.
El diputado Feliciano Castro Meléndrez mencionó que por primera vez en la historia del Congreso de Sinaloa todas las fuerzas políticas impulsan conjuntamente iniciativas que propicien mejores condiciones para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, y para ello se buscan establecer los juzgados mixtos para que la justicia sea más expedita.
El legislador resaltó que para tener mejores resultados en materia legislativa se ha estado trabajando en coordinación con el Ejecutivo estatal y se ha puesto en el centro el tema de las mujeres, particularmente en procesos que afirmen los derechos de las mujeres y que permitan propiciar condiciones para garantizar una vida libre de todo tipo de violencia.
Anabel López Sánchez, Directora General para la Promoción de una Vida Libre de Violencia e Impulso a la Participación Política, del Instituto Nacional de las Mujeres, sostuvo que se deben construir leyes que eduquen y aporten sustantivamente para el bienestar de las mujeres para arrancar las raíces estructurales de la violencia hacia las mujeres.
Todos sabemos que la sociedad patriarcal educa a la mujer y al hombre provocando una desigualdad social. Las normas jurídicas son herramientas que nos pueden ayudar a reconocer derechos, salvar las lagunas legales y a la transformación cultural y cambio de conciencia”, expresó.
Es obligado, reclamó, detener el acto abusivo de poder que deja hogares en la orfandad al morir 11 mexicanas diariamente asesinadas.
Se debe avanzar, agregó, en elaborar leyes que permitan una verdadera igualdad y que combatan la violencia de género.
Lilia Verónica Sánchez, jueza del poder Judicial del estado de Coahuila, advirtió que prevalece todavía una justicia penal inquisitoria acartonada, e hizo un llamado a los jueces y juezas a participar en un “activismo judicial” que permita juzgar y emitir sentencias con enfoque de género.
De su experiencia como jueza en Coahuila, informó que se ha logrado dar respuestas rápidas desde el momento en que se recibe una demanda por parte de una mujer víctima de violencia.
Se tiene un plazo no mayor de cuatro horas, explicó, para emitir las órdenes de protección que sean necesarias, que se emiten tomando en cuenta el perfil de cada víctima para atender sus necesidades concretas.
Eso es, precisó, como hacer un traje a la medida de las usuarias, en lugar de usar los “machotes” que se tienen.
Inclusos observó que en las demandas de alimentos, los jueces y juezas resuelven también con rapidez e incluso, ordenan a la parte patronal de los demandados que se apliquen los correspondientes descuentos.
Adicionalmente, agregó, se trabaja en la recuperación de pertenencias y documentos de las víctimas.
Nelly Montealegre Díaz, secretaria auxiliar en la ponencia de Yasmín Esquivel, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue quien precisó que no se puede seguir viendo la violencia como hace años, ya que hoy se tienen muchas herramientas para combatirla.
Estas herramientas, afirmó, permiten hacer un traje a la medida de las mujeres que son víctimas de la violencia, ya que cada caso tiene sus características y circunstancias propias.
Entre las nuevas herramientas citó la de interseccionalidad en la justicia de género.
La interseccionalidad, precisó, comienza con la premisa de que la gente vive identidades múltiples formadas por varias capas que se derivan de las relaciones sociales, la historia y la operación de las estructuras de poder.
Es decir, abundó, las personas pertenecen a más de una comunidad a la vez y pueden experimentar opresiones y privilegios de manera simultánea.
Además, aclaró, la obligación de proteger a las mujeres no es sólo de los órganos jurisdiccionales sino de todas las instituciones y autoridades del Estado mexicano.
En lo que se refiere a las órdenes de protección, aseguró que antes de emitirlas se debe identificar, con “lentes” de género y de derechos humanos, las vulnerabilidades que tiene cada víctima.
Es por eso, dijo, que ya hay un protocolo para juzgar con perspectiva de género, que es una herramienta diseñada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que se ha ido complementando con diversas reformas.