La persecución política en contra de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y de sus autoridades se sigue evidenciando en virtud de que este miércoles 1 de noviembre el doctor Jesús Madueña Molina, Rector titular suspendido temporalmente del cargo, y el Encargado del Despacho de Rectoría, doctor Robespierre Lizárraga Otero, acudirán a una audiencia para revisión de medidas cautelares nuevamente.
El Director de Asuntos Jurídicos, licenciado Yamir de Jesús Valdez Álvarez, expuso que hay una suspensión de un juez a favor del doctor Madueña Molina y otros universitarios para que no se filtre información a medios de comunicación, sin embargo, el lunes dos medios publicaron el documento donde se pedía la revisión de medidas cautelares, aún cuando se sabe que se viola flagrantemente los derechos humanos, el debido proceso y la presunción de inocencia.
“Vamos a escuchar los argumentos el día de mañana de la Fiscalía, aunque ya sabemos cuál va a ser el resultado puesto que los jueces actúan en contubernio con ellos, ya separaron al doctor Madueña Molina, no sabemos que más quieran con él”, expresó el abogado general al señalar que Lizárraga Otero este día se encontraba enfermo y espera que mañana esté en condiciones de acudir a la audiencia.
Explicó que, aun cuando desconocen por qué se dará esta audiencia, la única causa en la que está imputado Lizárraga Otero es por supuesto “abuso de poder”.
Indicó que, en Sesión del Consejo Universitario, que es la autoridad suprema de la Universidad, se acordó formalmente que la institución vive una persecución política de parte de los tres poderes del Estado de Sinaloa, como lo es el Ejecutivo representado por el Gobernador Rubén Rocha Moya, el Legislativo representado por los diputados y el Poder Judicial que se presta a este “juego perverso”.
Valdez Álvarez detalló que la persecución política inició en marzo de este año con la publicación de la Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa, la cual establece que la UAS sea supeditada a la SEPyC, lo que representaría que la Universidad en un futuro tenga los mismos problemas económicos y estructurales que tienen las escuelas estatales.
Señaló que el Consejo Universitario tomó el acuerdo que si la Fiscalía, en contubernio con el Poder Judicial del Estado de Sinaloa, quisiera separar al encargado provisional del Despacho de Rectoría va a ser considerado persecución política, por ello también se acordó dar aviso al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos para que asistan a las audiencias y den cuenta de la persecución política.
Ya es hora que se enteren también los medios nacionales y los organismos internacionales (…) ya es hora de intensificar también las protestas de la Universidad, de que se note más la presencia de los universitarios en las instancias públicas, tanto de Gobierno del Estado como de los demás poderes”, enfatizó.
Agregó que la UAS está amparada contra la Ley de Educación y es cuestión de días y horas para que se resuelva la situación jurídica del Rector titular.